El reciente sorteo realizado por el Senado para determinar el futuro de los jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación ha generado una atmósfera de inquietud y desánimo entre los afectados. Muchos de ellos enfrentan una realidad transformada, marcada por acusaciones de corrupción y nepotismo, en un ambiente donde han sido estigmatizados públicamente.
La magistrada Julia María del Carmen García González, parte del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Estado de México, es una de las juezas cuyas plazas fueron sorteadas. Ella ha expresado que la situación actual del Poder Judicial es el resultado de los constantes ataques del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien desacreditaba a los jueces en sus conferencias matutinas cada vez que se enfrentaba a decisiones judiciales que no se alineaban con sus intereses políticos.
García González sostiene que su labor siempre se ha llevado a cabo de manera imparcial y sin sesgos políticos. Asegura que las acusaciones de corrupción que han enfrentado los jueces se han basado en percepciones erróneas sobre las resoluciones emitidas, más que en pruebas concretas. En su opinión, las críticas han sido meramente retóricas, sin fundamentos que las respalden.
Decidida a no participar en la elección popular programada para 2025, la magistrada califica dicho proceso como una "farsa" y anticipa que buscará una indemnización justa por sus más de 20 años de servicio al Estado mexicano. Ella considera que no cuenta con las condiciones adecuadas para ejercer su labor de forma digna y sostiene que lo más apropiado es declinar su participación en un contexto que considera desleal e injusto. La magistrada espera que reciba la convocatoria oficial conforme a lo estipulado en los plazos constitucionales para que comience el proceso electoral, pero ya ha dejado claro que no será parte de él.