El relato de Ana Edith Ronquillo ilustra el clima de hostilidad y peligro que enfrentan muchas periodistas en México, especialmente aquellas que se atreven a cuestionar a funcionarios públicos. La situación que vivió en el Palacio Municipal de Cadereyta, donde fue retenida y esposada por hacer preguntas incómodas al alcalde, es un claro ejemplo del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la falta de protección y apoyo por parte de quienes presenciaron el incidente.
Desafortunadamente, el acoso y la violencia contra las mujeres periodistas no son casos aislados. El reporte de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) que menciona Ronquillo revela una alarmante tendencia: más de 200 agresiones en un año, con una alta incidencia de estas perpetradas por funcionarios. Esto demuestra un patrón preocupante en el que las mujeres en el periodismo se convierten en blanco de ataques físicos, psicológicos y digitales simplemente por desempeñar su labor.
La violencia digital que Ana ha enfrentado después del incidente pone de manifiesto la extensión de la agresión más allá del momento físico del ataque. Las amenazas y el acoso en redes sociales, muchas veces impulsados por la impunidad que reina en muchos niveles de gobierno, crean un ambiente hostil que dificulta el ejercicio libre y seguro del periodismo, especialmente para las mujeres.
La necesidad de un cambio es urgente. Es crucial que se establezcan mecanismos de protección para los periodistas, así como una cultura de respeto hacia su labor, y que se tomen medidas para sancionar a quienes perpetúan la violencia y el acoso en todas sus formas. La libertad de expresión y el derecho a informar son esenciales para la democracia y deben ser defendidos con firmeza.