El caso de Lizbeth Victoria Huerta ha generado una gran controversia en Oaxaca, destacando la percepción de impunidad vinculada a las influencias políticas. La exalcaldesa de Asunción Nochixtlán fue detenida tras la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz en marzo de 2021, y su reciente liberación suscitó reacciones de indignación entre la familia de la víctima y defensores de derechos humanos.
Las hermanas de Claudia, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, expresaron su frustración y enojo ante lo que consideran una justicia fallida, resaltando que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca refleja una priorización de los favores políticos sobre la búsqueda de verdad y justicia. Acusaron al gobernador Salomón Jara y a la administración de la Cuarta Transformación (4T) de proteger a quienes tienen vínculos políticos en lugar de brindar justicia a las víctimas.
Alejandro Encinas, exsubsecretario de derechos humanos, también criticó la resolución del tribunal, calificándola de indignante, y mencionó que Huerta recibió su libertad gracias a sus nexos con el gobierno. Las hermanas Uruchurtu hicieron un llamado a las autoridades, incluida la presidenta de la República, para que se comprometan genuinamente con la justicia y no bajo presiones políticas.
En su declaración, enfatizaron su determinación de seguir luchando por justicia, manifestando que buscarán maneras de abordar el caso a nivel internacional y continuarán buscando a su hermana hasta dar con su paradero. Su experiencia resalta las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias en el contexto de un sistema judicial que a menudo parece incapaz de ofrecer justicia efectiva.