El caso de Keren Ordoñez y Sandra Arana pone de relieve un preocupante patrón de tortura y abuso en el sistema judicial de Tlaxcala, México. Ambas mujeres han sido acusadas de delitos que no cometieron y han permanecido en prisión durante años, a pesar de la falta de pruebas en su contra. La intervención del Centro ProDH, que ha encontrado evidencias de su inocencia y de la tortura sufrida, es un paso crucial en la lucha por su libertad.
Keren, arrestada en 2015 mientras esperaba a su expareja, fue sometida a tortura física y psicológica para que declarara en contra de ella misma. La larga espera para ser presentada ante un juez y las amenazas contra su hija son aspectos que evidencian la gravedad de las violaciones a sus derechos humanos. A pesar de estas circunstancias, su caso no es aislado y refleja una práctica común en la región, especialmente en unidades encargadas de combatir el secuestro.
El hecho de que sean usadas como "chivos expiatorios" resalta la urgente necesidad de una reforma en el sistema de justicia, así como de una mayor supervisión y rendición de cuentas para las fuerzas del orden. La situación de Keren y Sandra es un llamado a la acción para proteger los derechos de las mujeres y asegurar que quienes son acusadas de delitos reciban un juicio justo y se encuentren a salvo de abusos.