La situación que enfrentan los jueces y magistrados federales en México es de gran preocupación, ya que han considerado que los recursos legales internos se han agotado para frenar la reforma judicial impulsada por el gobierno. Al solicitar medidas cautelares a entidades internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscan detener la implementación de la reforma antes de que cause un daño irreversible a la independencia del Poder Judicial en el país.
Estos jueces advierten que la reforma, presentada por el actual presidente, podría significar una alteración grave del equilibrio de poder y un debilitamiento de la democracia en México. Su intervención se vuelve urgente, ya que los plazos legislativos se están acortando y la reforma podría ser aprobada antes del 1 de octubre de 2024, lo que haría más complejo revertir sus efectos una vez que esté en vigor.
La falta de respuesta adecuada por parte del gobierno y los ataques a la impartición de justicia han llevado a estos juristas a considerar que el avance de la reforma representa un "golpe de Estado" a la estructura judicial, afectando su capacidad para actuar de manera independiente. La situación se torna aún más crítica, dado que observan un desprecio por parte de legisladores del partido en el poder hacia las decisiones judiciales, lo que aumenta la tensión entre poderes en el país.
Esta solicitud de medidas cautelares refleja la desesperación de quienes, a pesar de sus esfuerzos por defender su autonomía, ven cómo su independencia está cada vez más amenazada.