El pronunciamiento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial en el sistema legal mexicano. La controversia se originó tras la decisión del juez Rubén García Mateos de no vincular a proceso a Jesús R. “El Chuy”, presunto operador del narcotráfico en la región de Zacapu, lo que desencadenó fuertes críticas por parte de autoridades estatales de Michoacán.
Las afirmaciones de la Jufed resaltan que la resolución del juez se basó en las pruebas presentadas y que dichas pruebas desmintieron la narrativa ofrecida por la Fiscalía y la Guardia Civil. Este respaldo refuerza la idea de que los jueces deben actuar de acuerdo con la evidencia y dentro de los parámetros de la ley, sin estar sujetos a presiones externas.
Por otro lado, las reacciones de líderes estatales, que han calificado la decisión del juez de "irresponsable" y han insinuado fallas y corrupción en el sistema judicial, generan preocupación sobre el posible impacto que esto puede tener en la administración de justicia. Jufed señala que tales ataques son inadmisibles y que cualquier acusación de corrupción debe ser respaldada por pruebas claras, enfatizando que la falta de transparencia podría constituir un intento de deslegitimar la labor del poder judicial.
El caso subraya la tensión existente entre las autoridades estatales y el poder judicial, y el papel de los medios al amplificar las reacciones. En un Estado de derecho, es vital que las decisiones judiciales sean respetadas y que se siga el debido proceso a través de los canales legales apropiados para cualquier impugnación de esas decisiones.