En un reciente fallo, una jueza federal en México ha declarado que el gobierno mexicano cometió terrorismo de Estado durante la Guerra Sucia, particularmente en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en Guerrero hace 50 años. Karla María Macías Lovera, jueza del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, emitió un amparo que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso desde la perspectiva de terrorismo de Estado y proceder contra varios mandos militares implicados, incluyendo al exsecretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre.
La jueza criticó la omisión del ministerio público federal en investigar el caso, lo que ha permitido que la situación de Radilla y de otros desaparecidos permanezca sin justicia. Macías afirmó que la falta de acción por parte de la FGR ha contribuido a la impunidad y al desconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese contexto.
Dentro de las medidas de reparación ordenadas, la jueza instruyó al gobierno federal a declarar como Zona de Monumentos Históricos el área y los inmuebles que ocupaba en la década de 1970 el Segundo Batallón de Policía Militar en el Campo Militar Número Uno-A, en la Ciudad de México. Esto se basa en el reconocimiento de que esa instalación militar funcionó como un centro clandestino de detención y tortura, donde se llevaban a cabo interrogatorios ilegales de personas detenidas bajo acusaciones de ser "maleantes".
Este fallo subraya la necesidad de esclarecer y reconocer la memoria histórica de los eventos ocurridos durante la Guerra Sucia, así como la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas de ese periodo.