El caso de Karla Fernanda, acusada del feminicidio de su madre y el homicidio de su tío, es un reflejo de las complejas interacciones entre la salud mental, la violencia familiar y el sistema de justicia en México. Karla, de 21 años, enfrenta una posible condena de 120 años en prisión, solicitada por la Fiscalía, que argumenta la necesidad de una “medida de seguridad” dada la gravedad de los delitos.
Sin embargo, el enfoque de la defensa se centra en las condiciones mentales de Karla, quienes argumentan que su situación la hace “inimputable” debido a su diagnóstico de trastorno del espectro autista, esquizofrenia, y su desarrollo cognitivo limitado. Cuatro especialistas han respaldado esta evaluación, indicando que su contexto de vida y el abuso sufrido desde joven han influido en su comportamiento.
El abogado de Karla ha denunciado la “criminalización” de su cliente por parte de la Fiscalía, sugiriendo que, en lugar de buscar justicia, el Estado intenta aislarla por considerarla peligrosa, a pesar de reconocer su discapacidad. La falta de un soporte familiar y el ambiente adverso en la prisión han llevado a la joven a intentar suicidarse en dos ocasiones, lo que plantea serias preocupaciones sobre su bienestar y tratamiento.
La defensa sostiene que el enfoque debe ser la rehabilitación y reintegración social de Karla, argumentando que con el tratamiento adecuado, podría ser capaz de reinsertarse en la sociedad de forma segura. La decisión del juez, que se espera en los próximos días, podría cambiar el rumbo de su vida y plantear preguntas sobre la responsabilidad del Estado en la atención de personas con discapacidades y en situaciones vulnerables.