El conflicto entre Grupo Salinas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha escalado en las últimas semanas. En un comunicado reciente, el conglomerado, liderado por Ricardo Salinas Pliego, criticó duramente a la UIF, describiéndola como un "clásico comisario estalinista" y acusándola de intentar amedrentar a aquellos que defienden la libertad, insinuando que actúa en favor del partido en el poder, Morena.
Este enfrentamiento se intensificó tras la divulgación de un comunicado de la UIF que mencionaba un amparo de 2022, otorgado a Salinas Pliego, que lo exime del escrutinio de sus operaciones financieras. Este amparo se encuentra actualmente en discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de que Salinas se convierta en el único individuo en el país exento de ciertas leyes contra el lavado de dinero. La UIF advirtió que la validación de este amparo por parte de la corte podría sentar un preocupante precedente y evidenciar un favoritismo hacia el empresario.
En respuesta a estas acusaciones, Grupo Salinas afirmó que la UIF está intentando controlar el poder judicial y utilizarlo en su beneficio político contra los opositores. Además, Salinas Pliego ha atacado directamente a la ministra Lenia Batres Guadarrama, sugiriendo que sus prejuicios afectan su imparcialidad respecto a su caso, lo que llevó a su excusarse de participar en la deliberación sobre el amparo.
Este cruce de acusaciones refleja la polarización y los conflictos de poder entre los sectores empresariales, las instituciones y el gobierno en México, poniendo de relieve las tensiones existentes en el clima político actual.