El caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en 2007 tras ser presuntamente abusada sexualmente por elementos del Ejército en Veracruz, ha sido un punto focal en la discusión sobre los derechos humanos y la rendición de cuentas en México. Durante la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentó contradicciones al admitir parcialmente la responsabilidad estatal, pero al mismo tiempo, negarse a reconocer evidencia directa que vinculara a los militares con el crimen.
Martha Inés Ascencio, hija de la víctima, compartió en la audiencia el doloroso relato de cómo encontró a su madre y las dificultades que enfrentó para que se le ofreciera atención médica. A pesar de que las autoridades desestimaron las acusaciones de su madre debido a su condición de monolingüe, los médicos que la atendieron concluyeron que su muerte resultó de una agresión sexual.
La hija de Ernestina destacó el largo proceso judicial que su familia ha atravesado para obtener justicia y la falta de acceso a la información relacionada con la investigación de la muerte de su madre. Tanto ella como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron que se declare culpable al estado mexicano por violar los derechos humanos de Ernestina y su familia, así como por la opacidad en el manejo del expediente del caso.
Esta situación refleja no solo la lucha por justicia en particular de la familia Ascencio, sino también las dificultades que enfrentan muchas víctimas de violaciones de derechos humanos en México, así como la falta de respuesta adecuada por parte del Estado en casos de violencia y abuso por parte de las fuerzas armadas.