El reciente protocolo emitido por el gobierno del Estado de México ha generado controversia debido a su impacto en las funciones del Poder Legislativo. Este documento otorga al Poder Ejecutivo la facultad de elaborar la agenda legislativa y revisar las iniciativas de ley presentadas por los grupos parlamentarios, tareas que tradicionalmente son competencia del Legislativo.
Desde la perspectiva de Eduardo Salazar, un académico en derecho parlamentario, esto limita las atribuciones del Poder Legislativo y podría dar lugar a un escenario de "dictadura legislativa" o, en el mejor de los casos, a una "semi parálisis parlamentaria". Salazar destaca que el protocolo no fue elaborado con la participación ni consulta de los diputados, lo que podría generar conflictos jurídicos entre los dos poderes. Además, critica que no existen bases legales para un protocolo de esta naturaleza y señala que ya hay problemas con protocolos existentes, como los relacionados con la violencia de género o las alertas ámber.
El protocolo incluye disposiciones que permiten a la Consejería Jurídica colaborar con la Secretaría General de Gobierno en la revisión de iniciativas de ley y en la formulación de la agenda legislativa, lo que reforzaría el control del Ejecutivo sobre el proceso legislativo. Esto contrasta con los principios de separación de poderes y plantea preocupaciones sobre la autonomía del Poder Legislativo.
La situación revela tensiones entre los poderes y la necesidad de establecer un marco claro que evite conflictos y garantice el respeto a las funciones asignadas a cada uno de ellos.