En el contexto de una violencia creciente alimentada por disputas territoriales entre cárteles, México enfrenta el reto de construir estrategias efectivas para reducir los índices delictivos y garantizar el respeto a los derechos humanos. Este desafío no solo exige una reflexión sobre las políticas nacionales de seguridad, sino también un enfoque que aproveche la cooperación internacional. La reciente participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en una cumbre internacional marca un momento crucial para alinear los esfuerzos internos con compromisos globales que promuevan la paz y el respeto por la dignidad humana.

La Lucha Territorial entre Cárteles: Causa Raíz de la Violencia

            La fragmentación de los cárteles y la intensificación de las disputas por territorios clave han convertido a ciertas regiones de México en zonas de guerra no oficial. Estas luchas no solo incrementan los homicidios, sino que también exacerban delitos como el secuestro y la extorsión, erosionando el tejido social y generando un ambiente de inseguridad generalizada. La estrategia inicial de militarización para enfrentar al narcotráfico, implementada desde 2006, dejó consecuencias mixtas mientras debilitó temporalmente a algunas organizaciones criminales, propició un "efecto derrame" que intensificó la violencia en nuevas regiones.

            El "diagnóstico erróneo" del problema se evidenció en operativos simultáneos y capturas de líderes criminales sin un plan para contener las consecuencias de su ausencia. Esta estrategia fortaleció la percepción de que el Estado no puede garantizar la seguridad, dejando a comunidades enteras vulnerables al poder de facto de los cárteles.

Políticas Públicas para Reducir la Violencia

            Ante esta situación, México debe aprender de experiencias internacionales y adoptar políticas públicas con enfoques comprobados:

1.    Concentrar recursos en zonas de alta violencia

Identificar clústeres de municipios violentos permite focalizar esfuerzos en las áreas críticas. Esta concentración de recursos puede reducir significativamente la incidencia delictiva en regiones prioritarias, con efectos positivos a nivel nacional.

2.    Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia

Una policía profesional y coordinada con agencias judiciales es clave para desmantelar redes criminales. Programas como TARGET en California, que combinan la cooperación interinstitucional con procesos judiciales estrictos, ofrecen un modelo replicable.

3.    Reducir el acceso a armas ilegales

Intensificar la colaboración con Estados Unidos para frenar el tráfico de armas es crucial. México puede inspirarse en iniciativas como la Operación Cese al Fuego en Boston, que logró reducir la violencia armada mediante el control del mercado de armas ilegales.

4.    Atender las causas estructurales del crimen

Programas de desarrollo social, acceso a la educación y generación de empleo en comunidades marginadas son herramientas poderosas para prevenir que los jóvenes ingresen a organizaciones criminales.

5.    Planificación estratégica en la detención de capos

La captura de líderes debe evaluarse con base en su impacto potencial en la estructura criminal. Es crucial evitar que estas acciones desaten nuevas oleadas de violencia.

La Diplomacia como Herramienta para Promover la Paz

            En la cumbre internacional reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de enfrentar el crimen organizado desde una perspectiva global. Su discurso destacó la necesidad de que los países productores y consumidores de armas y drogas asuman su responsabilidad compartida. Además, enfatizó que el respeto a los derechos humanos debe ser el eje de cualquier estrategia de seguridad.

La diplomacia internacional es un pilar para abordar esta crisis. México debe exigir controles más estrictos en el comercio de armas, mayor regulación de los flujos financieros ilícitos y un compromiso real de las potencias mundiales para reducir la demanda de drogas. Estos esfuerzos no solo fortalecerán la lucha contra el crimen organizado, sino que también consolidarán la posición de México como un líder regional en la promoción de la paz.

Derechos Humanos: El Centro de la Estrategia

            La violencia no puede combatirse a costa de los derechos humanos. Las comunidades más afectadas necesitan políticas que prioricen su protección y brinden acceso a la justicia. La presidenta ha dejado claro que respetar los derechos humanos no es incompatible con garantizar la seguridad; al contrario, es una condición necesaria para restaurar la confianza en las instituciones y fomentar la cohesión social.

            En este contexto, México debe implementar políticas inspiradas en modelos internacionales que combinen la aplicación estricta de la ley con programas de prevención y reinserción social. Respetar la dignidad de las personas debe ser un principio innegociable en la lucha contra el crimen organizado.

Un Llamado a la Acción Integral

            El aumento de la violencia en México requiere un enfoque que combine esfuerzos internos con una visión global. Las políticas públicas deben enfocarse en reducir la incidencia delictiva, mientras que la diplomacia internacional ofrece oportunidades para abordar las causas estructurales del problema. La reciente participación de la presidenta en la cumbre internacional es un paso en la dirección correcta, pero solo será efectiva si se traduce en acciones concretas y coordinadas.

            México enfrenta un momento crítico. La solución a la crisis de violencia no está en el combate aislado ni en estrategias militarizadas, sino en un enfoque integral que priorice la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional. Es hora de construir un país donde la seguridad y la paz sean realidades alcanzables para todos.

Gabriel Castañeda Gómez Mont