El asesinato de Marcelo Pérez Pérez, un sacerdote y defensor de los derechos humanos en Chiapas, ha sido considerado un grave indicativo de la escalada de violencia en la región y un reflejo de la crisis de derechos humanos en México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha denunciado este crimen como un caso de lesa humanidad y ha responsabilizado al Estado Mexicano por su incapacidad para prevenir y proteger a personas como el padre Marcelo, quien había expuesto la violencia vinculada al narcotráfico y había defendido los derechos de comunidades vulnerables.
El Frayba ha resaltado que el asesinato de Marcelo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que han afectado a numerosas personas en Chiapas. Organismos de derechos humanos han expresado su indignación y preocupación, señalando la creciente inseguridad en el estado y la falta de protección para aquellos que defienden la vida y los derechos de las comunidades.
La situación resalta el riesgo continuo que enfrentan los defensores de derechos humanos y la población en general, así como la complicidad del Estado en la violencia que afecta a estas comunidades. Este contexto exige un análisis profundo de la situación de seguridad en Chiapas y la necesidad de medidas efectivas para proteger a quienes luchan por los derechos humanos.