La situación de desplazamiento forzado en Michoacán ha generado una grave crisis humanitaria. Evangelina Contreras, representante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, ha hecho un llamado urgente al gobierno para que implemente acciones efectivas que brinden apoyo a las familias afectadas por la violencia del crimen organizado.
Desde el 13 de agosto, se ha reportado el desplazamiento de 242 personas de comunidades como Coire, San Pedro Naranjestil, Guagua y Pichilinguilo, quienes han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia y las balaceras que han devastado sus localidades. Estas familias están siendo reubicadas en lugares como Aquila y Coahuayana, pero enfrentan múltiples desafíos.
Uno de los principales problemas que atacan a estas familias es la pérdida de documentos oficiales, lo que complica su acceso a empleo, vivienda y educación para sus hijos. La escasez de opciones habitacionales asequibles también representa una dificultad significativa, ya que las rentas oscilan entre mil y cuatro mil pesos mensuales, un costo que muchas de estas familias desplazadas no pueden afrontar.
A pesar de la ayuda gubernamental, los esfuerzos hasta ahora se han limitado a la entrega de despensas, las cuales no satisfacen las necesidades básicas y de largo plazo de estas familias. Ante esta precariedad, el colectivo ha decidido actuar para proporcionar un apoyo más integral y efectivo a quienes han sido afectados por esta grave crisis de violencia.