La reciente entrega de 29 presos mexicanos a Estados Unidos, entre los cuales se encuentran figuras destacadas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño, refleja una respuesta directa a la política del expresidente Donald Trump, quien buscó clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta acción ha sido justificada por el gobierno estadounidense como parte de un enfoque más agresivo y contundente hacia el crimen organizado.
Emil Bove, fiscal general adjunto interino, mencionó que estas medidas son el resultado de una estrategia que se basa en una postura de fuerza en las negociaciones. El Departamento de Justicia ha destacado que estos individuos enfrentan múltiples cargos, incluyendo tráfico de drogas, asesinato y lavado de dinero, y que los esfuerzos por enjuiciarlos se llevan a cabo con el objetivo de desmantelar las operaciones de estos grupos criminales.
Pamela Bondi, la fiscal general, reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia para procesar a los cárteles con toda la fuerza de la ley, apoyada por el FBI, quien se ha comprometido a seguir hasta los miembros de estos grupos que han causado daño a la sociedad estadounidense. La entrega de estos delincuentes y la firmeza en las acciones legales contra ellos simbolizan una parte de la estrategia general de Estados Unidos para confrontar el problema del narcotráfico y la violencia asociada.