Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México, ha sido condenado a 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares por aceptar sobornos del narcotráfico y su participación en el tráfico de drogas. Aunque ha presentado una apelación no formal, esta fue rechazada por el juez Brian Cogan, quien determinó que las denuncias de García Luna sobre un caso manipulado y la injerencia política no eran suficientes para invalidar la sentencia.
A pesar de este revés, su equipo legal aún tiene la opción de presentar una apelación formal ante la Corte de Apelaciones, aunque las perspectivas de éxito son bajas, dado que rara vez se revocan las sentencias de jurados federales. García Luna ha denunciado que hay "intereses políticos poderosos" en juego y ha acusado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a ciertos testigos de brindar información falsa.
Otra posibilidad para él sería colaborar con el gobierno estadounidense, lo que implicaría proporcionar información y evidencias sobre otros involucrados en el narcotráfico. Sin embargo, esta opción conlleva riesgos, ya que cualquier mentira o falta de información podría resultar en la pérdida de ese acuerdo de colaboración. Expertos, como Mike Virgil de la DEA, han señalado que, si se mantiene la veracidad en su colaboración, podría obtener una reducción significativa de su condena.