La propuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, busca implementar un "impuesto ecológico" enfocado en la reducción de emisiones de gases contaminantes, concretamente estableciendo una cuota de 58 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono emitida por fuentes fijas dentro de la ciudad. Esta iniciativa formó parte del Paquete Económico 2025 presentado al Congreso local, donde se plantean modificaciones al Código Fiscal de la Ciudad.
El propósito de este impuesto, según Brugada, es fomentar la responsabilidad social en la conservación del medio ambiente, y posicionarlo dentro de un marco económico que no solo se enfoque en la recaudación, sino también en la mitigación del daño ambiental causado por estas emisiones. La cuota, de acuerdo con las afirmaciones de la jefa de Gobierno, se alinea con prácticas internacionales en temas de gravamen ambiental y se plantea que puede incrementarse progresivamente para abordar la problemática del deterioro ambiental.
Además del dióxido de carbono, el proyecto contempla gravar otras emisiones como el metano y el óxido nitroso, todas ellas deben ser reportadas conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, tomando en cuenta varios criterios relacionados con su impacto ambiental. La iniciativa se presenta como un esfuerzo por reducir la contaminación en la ciudad, contribuyendo a un objetivo global de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.