La situación en Culiacán, Sinaloa, refleja un fuerte descontento social ante la creciente violencia y la percepción de inseguridad que afecta a la población. La reciente manifestación en la avenida Álvaro Obregón, en respuesta al aumento de la criminalidad y la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya, evidencia un clamor por una mejor política de seguridad y paz.
La marcha, que congregó a miles de habitantes, sirve como un recordatorio del impacto devastador que la violencia del crimen organizado ha tenido en las comunidades, especialmente en el caso del asesinato de los niños Gael y Alexander. Este suceso, en particular, ha generado una profunda indignación y ha motivado a los ciudadanos a salir a las calles en demanda de justicia.
Las reacciones de las autoridades ante las manifestaciones han sido mixtas. Mientras el secretario general de gobierno, Feliciano Castro, defensó el derecho a la protesta, también se perciben intentos de desacreditar el movimiento vinculándolo a intereses políticos. La acusación de vandalismo por parte de algunos medios sugiere un intento de minimizar el malestar generalizado.
Los mensajes visuales durante la marcha, como los carteles que decían "fuera Rocha" y "narco estado", junto con la quema de una piñata del gobernador, ilustran el nivel de frustración y desesperación que sienten los ciudadanos. Los tiempos de disturbios y violencia en el pasado, como los recordados en los procesos electorales de los 80, parecen estar resonando en la memoria colectiva de los manifestantes, quienes advierten que la falta de respuesta a sus demandas podría tener consecuencias graves.
En resumen, la manifestación en Culiacán no solo es un llamado a la autoridad para que actúe con firmeza en materia de seguridad, sino que también es un testimonio del anhelo de los ciudadanos por vivir en un entorno pacífico y seguro.