La militarización de la seguridad pública en México, que comenzó durante la presidencia de Felipe Calderón, ha tenido impactos significativos en las tasas de criminalidad, incluyendo el incremento de homicidios tanto de hombres como de mujeres. Según un informe de la organización no gubernamental México Evalúa, esta tendencia ha sido más notable en las secretarías de seguridad estatales que están dirigidas por militares. A pesar de la mayor presencia militar en las fuerzas policiales, no se ha logrado una contención efectiva de la violencia, y esto ha generado una inestabilidad en las corporaciones de seguridad.
El estudio menciona que los titulares de las policías en los estados cambian con frecuencia —promediando poco más de dos años en el cargo— lo que afecta la continuidad y la efectividad en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad. Algunas entidades han tenido un número considerable de cambios en la dirección de sus cuerpos policiacos, lo que ha desestabilizado aún más la situación y ha alimentado la violencia en los mercados criminales.
Además, hay un aumento en la asignación de elementos de la Secretaría de la Marina en roles de liderazgo en seguridad, a pesar de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en las que han estado involucrados estos marinos. Esto refleja una cada vez mayor tendencia hacia la integración de fuerzas militares en roles tradicionalmente civiles de seguridad.
Desde el inicio de la estrategia militarizada contra el crimen organizado en 2006, el cambio hacia nombramientos de jefes militares ha crecido, lo que continúa generando preocupación por las implicaciones de esta militarización en la gobernanza civil y la protección de los derechos humanos en México.