La situación en el Poder Judicial de la Federación de México se ha vuelto tensa y compleja debido a la disputa entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Comité de Evaluación, especialmente en el contexto de las elecciones judiciales programadas para el 1º de junio. La presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, ha propuesto retirar al Comité de Evaluación la responsabilidad de designar candidaturas y transferir esta facultad a la Mesa Directiva del Senado, quien realizaría el proceso mediante insaculación.
Este cambio se ha sugerido debido a la falta de tiempo para que el Comité complete su proceso de selección antes del 31 de enero. Soto Fregoso considera que es necesario establecer un nuevo procedimiento que garantice la transparencia y la legalidad en la designación de los candidatos, especialmente dado que se ha generado confusión y conflictos legales tras la reforma judicial anterior, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El conflicto se ha intensificado, ya que el Comité de Evaluación ha sido instruido por jueces de amparo para suspender el proceso de selección, lo que ha llevado al TEPJF a contrarrestar órdenes y mantener que tiene la competencia exclusiva sobre la elección de jueces. Este enfrentamiento ha hecho que el Comité busque claridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre cuál instrucción seguir, evidenciando las tensiones dentro del sistema judicial mexicano.
Si la propuesta de Soto Fregoso es aprobada en la Sala Superior del TEPJF, se dará un plazo de 24 horas a la Mesa Directiva del Senado para organizar el proceso de insaculación, lo que podría cambiar el rumbo del proceso de selección y responder a la necesidad de cumplir con los plazos establecidos para las elecciones judiciales.