La reciente reforma a la Ley General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha generado controversia y debate en el Senado mexicano. Aprobada en un proceso acelerado por senadores de Morena y sus aliados, la iniciativa permite que el Infonavit asuma el rol de constructor de vivienda, colaborando con el sector público, privado y social.
La reforma, que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el Infonavit podrá constituir una empresa filial, la cual no se clasificará como entidad paraestatal, otorgándole así mayor libertad y capacidad de gestión en sus funciones. El dictamen fue respaldado por 68 votos a favor y 29 en contra, pese a la oposición de algunos senadores que argumentaron preocupaciones sobre la gestión de los recursos de los trabajadores.
Entre los puntos destacados de la reforma se incluye que el patrimonio del Infonavit, así como los rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, podrán ser utilizados para financiar proyectos relacionados con la construcción y administración de vivienda, previa aprobación del Consejo de Administración del instituto. Además, establece derechos para los trabajadores que hayan cotizado al menos un año, permitiéndoles participar en el programa de arrendamiento social para vivienda cercana a su lugar de trabajo.
Los senadores de oposición, como el panista Ricardo Anaya, expresaron su desacuerdo, señalando que la reforma podría resultar en la utilización indebida de los recursos de las subcuentas de los trabajadores por parte del Infonavit. La rapidez con la que se aprobó la reforma y la falta de un periodo de espera estipulado en el reglamento para su discusión también fueron puntos de crítica por parte de la oposición.