La situación en México sobre el caso Ayotzinapa y la militarización del país ha sido un tema recurrente y controvertido, especialmente durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, la falta de avances en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas está relacionada con el creciente poder del Ejército en el gobierno y su negativa a colaborar plenamente en la investigación.
Aguirre señala que, aunque al inicio del sexenio hubo avances significativos, como la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el retorno del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la situación comenzó a deteriorarse cuando las investigaciones apuntaron hacia la complicidad de miembros del Ejército con grupos del crimen organizado. Este descubrimiento, según él, llevó a una pérdida de apoyo político para continuar con la investigación, lo que resultó en una situación de impunidad.
El director del Centro Prodh también critica la tendencia del presidente a apoyarse más en el sector militar, lo que ha llevado a una concentración de poder en las fuerzas armadas, convirtiéndolas en la principal autoridad en asuntos de seguridad e inteligencia. Esto, sugiere Aguirre, ha limitado otras perspectivas y enfoques en la discusión sobre justicia y seguridad en el país.
En este contexto, la respuesta del gobierno a las críticas sobre la militarización y el caso Ayotzinapa ha sido descalificarlas, lo que refleja una tensión entre organizaciones de derechos humanos y la administración actual. A medida que se aproxima el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, se agudiza la preocupación sobre la falta de justicia y el futuro de la gobernanza en México.