El trágico caso de Rosaura expone una vez más las deficiencias en la protección a las víctimas de violencia de género en México. A pesar de sus reiteradas denuncias y de alertar a las autoridades sobre el riesgo que representaba su expareja, la jueza Janett Mendoza Montiel decidió suspender el proceso contra el policía Marco Antonio M.G., lo cual dejó a Rosaura y a su familia en una situación vulnerable.
El 5 de febrero, Rosaura y tres de sus familiares fueron asesinados en un ataque violento, presuntamente a manos de Marco Antonio. A pesar de haber señalado su comportamiento violento y peligroso, las medidas que se tomaron para garantizar su seguridad fueron insuficientes.
Este caso resalta la falta de seguimiento y protección efectiva para las víctimas, así como las consecuencias fatales que pueden surgir de decisiones judiciales que no consideran adecuadamente el riesgo inminente. La situación ha dejado en evidencia la necesidad de reformas en el sistema de justicia y en las políticas de protección a víctimas de violencia, para evitar que episodios tan devastadores se repitan en el futuro.
La respuesta de las autoridades y el manejo de casos de violencia familiar y de género requieren una mirada más sensible y proactiva, que garantice la seguridad de las víctimas y una judicialización adecuada de los agresores. Esta tragedia también invita a la reflexión sobre el soporte que se brinda a los familiares de las víctimas y la importancia de crear un entorno en el que se garantice la seguridad y la justicia.