El caso de Yasmín Esquivel Mossa ha generado un gran debate en el ámbito jurídico y académico en México, especialmente en relación a las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura. La situación se ha complicado debido a las acciones legales que ha emprendido la ministra para proteger su reputación y desactivar las investigaciones sobre el plagio que involucran su trabajo académico.
El fallo favorable a Esquivel en junio de 2023 por parte de la juez Noveno Civil de la Ciudad de México, que la declaraba como la única autora de su tesis, fue rápidamente cuestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta última argumentó que la decisión no era vinculante y no podía interrumpir la indagatoria sobre el posible plagio, lo que significaba que la controversia no estaba cerrada.
A medida que se desarrollaban estos eventos, el panorama se tornó más complejo con la introducción de demandas ante instancias federales. En particular, la ministra buscó validar la afirmación de un exabogado de la UNAM sobre la falta de autoridad de la universidad para revocar títulos, lo que en teoría podría impedir que la investigación interna siguiera su curso.
Este proceso ha sido observado de cerca no solo por su implicación en la carrera de Esquivel, sino también por las repercusiones que puede tener en la integridad del sistema judicial mexicano, así como en la confianza pública en las instituciones académicas y judiciales. Por último, cabe señalar que el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Valls Esponda, se encuentra entre los aspirantes a un puesto en la Suprema Corte, lo que añade una capa adicional de interés y repercusión política al asunto.