El asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez ha generado una ola de condenas y exigencias de justicia por parte de diversas organizaciones, incluyendo Indigenous Peoples Rights International (IPRI). Este crimen, ocurrido el 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es visto como un intento por silenciar a defensores de derechos humanos y acentúa la preocupación por la creciente violencia e impunidad en el estado.
Marcelo Pérez, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos, había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015, debido a amenazas de muerte que había enfrentado. Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el gobierno mexicano no tomó las medidas adecuadas para garantizar su seguridad e incluso, según señalaron, la fiscalía estatal llegó a criminalizarlo con una orden de aprehensión, lo que intensificó una campaña de desprestigio en su contra.
El contexto de su asesinato se sitúa en un ambiente de violencia generalizada en Chiapas, particularmente en comunidades zapatistas. Las organizaciones exigieron una investigación exhaustiva y la identificación de los responsables del asesinato, así como la desarticulación de los grupos criminales que operan en la región. Además, expresaron solidaridad con las comunidades que sufren bajo el yugo del crimen organizado, destacando la valentía del padre Marcelo al no callar ante el abuso del poder.
La situación resalta la necesidad urgente de abordar la violencia contra defensores de derechos humanos en México y de asegurar un entorno seguro para la actividad de quienes luchan por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas.