Lamentablemente, la noticia que reportas es un caso trágico y preocupante que resalta la violencia que enfrentan diversas comunidades en México, incluyendo a los académicos y profesionales. El secuestro y asesinato de Laura Ortiz y Enrique Sánchez no solo afecta a sus familias, sino también a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, dado su compromiso con la educación y el medio ambiente.
Es importante que las autoridades esclarezcan estos crímenes y que existan mecanismos efectivos para la protección de académicos y defensores de derechos humanos en el país. La falta de pronunciamientos oficiales de la UAEM y de las autoridades locales es alarmante y puede llevar a un sentimiento de impunidad que agrave la situación de seguridad para otros profesionales.
La respuesta de la comunidad universitaria será crucial en este momento, así como la presión pública para que se inicie una investigación exhaustiva y se garantice la justicia. En muchas ocasiones, la movilización social ha sido un factor importante para exigir respuestas y cambios en la política de seguridad. Esperemos que se obtenga justicia por el lamentable suceso y que se implementen medidas para proteger a los académicos y a la sociedad en su conjunto.