La reciente aprobación de las reformas a la Ley Federal de Derechos 2025 y la Ley Federal de Ingresos 2025 por parte de los diputados de Morena y sus aliados marca un importante paso en la discusión sobre la política fiscal y financiera en México. Estas reformas, que ahora pasan al Senado para su consideración, incluyen cambios significativos en las tarifas de servicios migratorios, así como en las cuotas relacionadas con la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Uno de los puntos clave de la Ley Federal de Derechos es la actualización de las cuotas por el acceso a Áreas Naturales Protegidas, así como la regulación del pago de derechos por el uso y disfrute de las playas y zonas federales marítimas. El objetivo, según los proponentes, es proporcionar mayor certeza jurídica y gestionar adecuadamente los recursos naturales del país.
Sin embargo, la oposición, representada por diputados del PAN como Eva María Vásquez Hernández, ha criticado fuertemente estas reformas. Su argumento se centra en la percepción de que los fondos recaudados no se están utilizando para mejorar las condiciones de vida de la población, como en la construcción de hospitales, escuelas y en la mejora de infraestructura. En lugar de ello, se denuncia que el uso de esos recursos se destina a proyectos que consideran innecesarios o dañinos para el medio ambiente, como ciertos desarrollos de infraestructura promovidos por el gobierno actual.
En cuanto a la Ley de Ingresos, aprobada también con una mayoría significativa, se establece que se busca alcanzar ingresos totales por 9 billones 302 mil millones de pesos. Este monto refleja las proyecciones fiscales del gobierno para el próximo año y es un componente crucial del presupuesto federal.
Esta situación pone de manifiesto la polarización política en México, donde cuestiones económicas y de uso de recursos públicos son objeto de debate acalorado, y resalta la necesidad de un diálogo constructivo y de políticas que realmente beneficien a la ciudadanía.