La reciente aprobación de la reforma sobre supremacía constitucional en México ha generado una considerable controversia, especialmente entre los grupos de oposición y defensores de los derechos humanos. La iniciativa, impulsada por los diputados de Morena y sus aliados, modifica los artículos 107 y 105 de la Constitución para blindar las reformas constitucionales de los juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, la reforma se ejecutó en un momento crítico, en el marco de las reformas al Poder Judicial, que han llevado a que varios jueces presenten amparos, y a que legisladores opositores promuevan acciones constitucionales en su contra. Entre las críticas más destacadas, los opositores argumentan que esta reforma socava los derechos humanos al dificultar legalmente la capacidad de los ciudadanos y entidades para defenderse de posibles abusos del Estado.
Específicamente, el diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, señaló que la modificación representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y criticó el proceso legislativo que llevó a la aprobación, considerando que no se cumplieron adecuadamente los pasos reglamentarios. Por su parte, la diputada panista, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, alertó sobre el potencial deterioro del equilibrio de poderes en el país.
A medida que el debate continúa, se han presentado alrededor de 300 reservas al dictamen, las cuales serán discutidas por un grupo de 52 oradores durante el día, en un esfuerzo por modificar o cuestionar los alcances de esta reforma que muchos ven como contraria a los principios democráticos. La tensión entre el gobierno actual y la oposición se intensifica en este contexto, lo que podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos en México.