La detención de un policía municipal en Oaxaca por el asesinato de un estudiante durante un operativo de alcoholímetro ha generado un gran descontento entre la población. La marcha y protesta organizada por estudiantes, familiares y amigos de la víctima, donde se exigió justicia y se denunciaron los abusos de la policía, refleja la profunda preocupación y miedo que sienten los ciudadanos ante la violencia y posible abuso de poder por parte de las fuerzas del orden.
Los manifestantes hicieron eco de sus demandas con consignas directas y pancartas, resaltando su temor por la seguridad de sus seres queridos en situaciones como la que llevó a la muerte de Diego Ignacio Paz. Al mismo tiempo, organismos de derechos humanos han levantado la voz, condenando lo que consideran violaciones graves a los derechos fundamentales y denunciando la falta de un marco legal que proteja a la ciudadanía de acciones de extorsión y abuso en operativos policiales.
Estas situaciones ponen de manifiesto un problema más amplio relacionado con la conducta y la implementación de protocolos por parte de las fuerzas policiales en el país, cuestiones que requieren atención tanto de las autoridades locales como federales. La exigencia de un Estado de derecho que priorice la dignidad humana y la integridad física resulta fundamental en este contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.