La despenalización del aborto en el Estado de México hasta las 12 semanas de gestación ha sido un tema controversial y se ha logrado tras un largo proceso de debates legislativos que abarca más de 15 años. Con 56 votos a favor y 7 en contra, el Congreso local aprobó la iniciativa en un contexto significativo, justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La norma establece que el aborto sigue siendo un delito después de las 12 semanas, con penas que incluyen prisión y multas en casos de interrupción sin consentimiento o mediante violencia. Además, se especifica que los profesionales de la salud pueden enfrentar sanciones severas si realizan abortos de forma ilegal.
A pesar de este avance, la reforma no incluye la obligatoriedad del Estado para proporcionar atención sanitaria gratuita a las mujeres que busquen interrumpir su embarazo, lo que ha sido objeto de críticas. Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) han argumentado en contra de la despenalización, promoviendo alternativas enfocadas en la prevención y afirmando que el derecho a la vida debe ser protegido desde la concepción.
La aprobación de esta ley posiciona al Estado de México como el décimo octavo en el país en regular el aborto de esta manera, reflejando un cambio en la discusión de derechos reproductivos en el contexto mexicano. La oposición argumenta que las estadísticas en la Ciudad de México muestran que la legalización no ha resuelto problemas sociales y de salud vinculados al aborto. Esta decisión legislativa marca un avance significativo en el acceso a derechos reproductivos, aunque se reconoce que el camino hacia una atención integral y seguridad para las mujeres aún enfrenta desafíos.