El reciente fallo del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en favor de la politóloga Denise Dresser representa un hito significativo en el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la réplica en México. Este amparo establece que los funcionarios públicos, en especial durante las conferencias matutinas del presidente, deben verificar la información antes de difundirla para evitar la difamación y asegurar que su comunicación es veraz, en cumplimiento con lo estipulado por la Constitución.
La sentencia enfatiza que los responsables de comunicar información en el uso de recursos públicos tienen la obligación de ceñirse a estos principios, lo que podría repercutir no solo en la forma en que se llevan a cabo las "mañaneras", sino también en la dinámica de la comunicación política en general. Denise Dresser señala que las implicaciones de este fallo no son exclusivas del ámbito periodístico, ya que afecta a cualquier persona o entidad que haya sido objeto de afirmaciones infundadas durante estas conferencias.
Sin embargo, hay preocupaciones sobre la posibilidad de que la Presidencia ignore la sentencia, dada la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado un desdén por la legalidad en ocasiones previas. Si esto ocurre, se vería como un desafío directo a la autoridad judicial, poniendo en entredicho el estado de derecho y la función de los tribunales en la supervisión de la conducta de los funcionarios.
Por lo tanto, la respuesta y la adaptación de las "mañaneras" a esta nueva realidad legal serán un tema clave a seguir. Los periodistas y otros afectados por afirmaciones engañosas tendrán que estar atentos para exigir su derecho a réplica y para recordar a los funcionarios su obligación de respetar las decisiones del tribunal.