La situación de las desapariciones en México es alarmante, con cifras oficiales que indican la existencia de 124,913 desaparecidos y entre 52,000 y 72,000 cuerpos no identificados. La Fiscalía General de la República (FGR) es responsable de crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta crucial para la búsqueda y identificación de desaparecidos. Sin embargo, a pesar de que esta obligación existe desde 2019 bajo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la implementación del BNDF ha sido deficiente. La ciudadana Olimpia Montoya Juárez, quien perdió a su hermano en 2017, ha buscado justicia a través de un amparo, lo que ha evidenciado la ineficacia de la FGR en este contexto.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de crear una Base Nacional de Información Forense, lo que ha hecho que los familiares de las víctimas reclamen que el BNDF ya está contemplado en la ley, pero no está funcionando adecuadamente. Expertos como César Contreras, abogado del Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, han señalado que hay una falta de registros relevantes en el BNDF y que hay una desconexión entre los datos reportados por la FGR y la realidad de la crisis de desapariciones en el país. Esto plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del sistema para abordar la emergencia de las desapariciones forzadas y la identificación de cuerpos.