La Consejería Jurídica de la Presidencia de México ha expresado su oposición a una reciente resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se concluyó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador imposibilitaron el ejercicio libre del voto de los ciudadanos, al interpretarse como una forma de coacción. Esta respuesta surge a raíz de un recurso de revisión presentado por la Consejería, en el que se argumenta que la decisión de los magistrados carece de fundamentos sólidos y se basa en suposiciones.
En su comunicado, la Consejería rechazó rotundamente las acusaciones de uso indebido de programas sociales por parte del presidente, sosteniendo que las declaraciones del mandatario son meras expresiones y no deberían interpretarse como presiones hacia los ciudadanos. La crítica se enfocó en los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala, a quienes calificó de "irresponsables" y "pitonisos", al considerar que su resolución sobre la intencionalidad detrás de las manifestaciones del presidente es incorrecta.
Además, la Consejería cuestionó la falta de especificidad en la sentencia, señalando que no se menciona qué programas sociales fueron presuntamente utilizados de manera indebida ni cómo se llevó a cabo dicha coacción. También destacó que el magistrado Lara Patrón se mostró en desacuerdo con los argumentos presentados, aunque finalmente votó a favor del proyecto. La Consejería Jurídica instó a los magistrados a fundamentar sus decisiones en pruebas concretas y no en generalizaciones.