La reciente aprobación "fast-track" de las reformas al Código Electoral del Estado de México ha generado una intensa controversia en la Legislatura mexiquense. Estas reformas, que regirán la elección de jueces y magistrados locales el próximo 1 de junio, fueron consideradas urgentes y sometidas a votación sin pasar por comisiones, lo que despertó críticas por parte de la oposición.
Las quejas se centran en la falta de tiempo para analizar adecuadamente los cambios propuestos, ya que el texto de la iniciativa fue compartido con los legisladores con solo unas horas de anticipación. La diputada priista María Mercedes Colín expresó que estas modificaciones violan la veda legislativa, que impide realizar reformas en el ámbito electoral 90 días antes de un proceso electoral. Calificó la situación como una violación al debido proceso legislativo y advirtió sobre los riesgos que presenta para la democracia y los derechos humanos.
Colín también criticó que las reformas no garantizan una justicia pronta ni expedita y que la falta de discusión previa excluye a las minorías legislativas, lo que consideró un desprecio hacia la diversidad política. Además, hizo hincapié en que estas acciones fortalecen un gobierno que opera sin controles democráticos y generan preocupaciones sobre la efectividad de las garantías de paridad de género en el nuevo marco normativo.
Las tensiones reflejan una mayor preocupación sobre la transparencia y la inclusión en los procesos legislativos, especialmente en un contexto tan cercano a un proceso electoral.