El Congreso de Aguascalientes ha aprobado recientemente un paquete de reformas que restringen el acceso al aborto, en un contexto de tensión política y social. Esta legislación incluye modificaciones al Código Penal y la creación de la Ley para la Protección a la Vida y la Prevención del Embarazo No Deseado, impulsada por la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel del Partido Acción Nacional (PAN).
Las reformas llegan después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiera obligado a despenalizar el aborto en el estado. En respuesta, grupos conservadores, que son una base electoral importante para el PAN, presionaron para revertir esa decisión, lo que ha llevado a organizaciones feministas a acusar al gobierno y al congreso de actuar por motivos político-electorales en lugar de proteger los derechos reproductivos.
Entre los cambios más controversiales se encuentra la reducción del plazo para acceder a un aborto seguro de 12 a 6 semanas de gestación, así como el tratamiento de los abortos espontáneos como un delito, lo que podría generar obstáculos adicionales para las mujeres que atraviesan esta situación difícil. Además, se ha eliminado el lenguaje inclusivo y el concepto de "personas gestantes", lo que ha generado críticas sobre un retroceso en la consideración de los derechos de las mujeres.
Las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos han manifestado su intención de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y de solicitar la activación de una Alerta de Género a la Secretaría de Gobernación, argumentando que la reforma representa un grave retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.