La reforma judicial en Colombia ha sido un tema crucial en los últimos años, buscando abordar problemas estructurales que han afectado el sector. Entre estos problemas se encuentran el rezago de casos judiciales, la falta de transparencia en la selección de jueces y magistrados, la deficiente gestión administrativa y la laxitud en los mecanismos disciplinarios internos.
En 2015, el Congreso colombiano aprobó una reforma constitucional que buscaba mejorar la transparencia en la selección de magistrados de las altas cortes, estableciendo requisitos más estrictos para los aspirantes y creando un tribunal especial para investigar y sancionar irregularidades. Además, se introdujeron nuevos organismos como la Comisión Nacional de Disciplina y el Consejo de Gobierno Judicial, destinados a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura.
Es importante destacar que este proceso de reforma fue caracterizado por un extenso debate nacional y parlamentario, que incluyó la participación de académicos, juristas, magistrados y organizaciones civiles. Este enfoque participativo contrastó con la reciente reforma judicial en México, que fue aprobada sin un proceso de consulta similar.
El 1 de julio de 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos promulgó la reforma, conocida como Acto Legislativo 02 del 2015, que buscaría entrar en vigor a finales de 2016. La reforma se aprobó bajo un consenso nacional sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial, establecido por la Constitución de 1991.
Sin embargo, el 1 de junio de 2016, la Corte Constitucional de Colombia invalidó esta reforma, argumentando que el principio de separación de poderes no podía ser alterado por el Congreso a través de un acto legislativo, lo que generó un nuevo debate sobre el futuro del sistema de justicia en el país y la persistente necesidad de reformas en este sector.