Los partidos políticos son instituciones fundamentales en un sistema democrático, ya que facilitan la participación de los ciudadanos en la vida política del país. Según la Constitución mexicana, son entidades de interés público cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la democracia, contribuir a la integración de los órganos de representación política y permitir que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder público. Su estructura se basa en la organización y agrupación de ciudadanos, lo que les permite establecer plataformas políticas y competir por el voto de la ciudadanía en elecciones.
La creación y afiliación a partidos políticos está reservada exclusivamente a los ciudadanos, lo que garantiza un marco democrático en el que las decisiones políticas representen los intereses del pueblo. Esto se encuentra estipulado en el artículo 41, fracción I, de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la responsabilidad de resolver controversias que surjan en el contexto de los partidos políticos, ya que las decisiones que estos toman pueden impactar directamente a sus militantes y a ciudadanos en general, incluso a aquellos que no están afiliados a ningún partido. Esta labor del TEPJF es crucial para asegurar que se respeten los derechos político-electorales de todos los ciudadanos y que se mantenga un equilibrio en las relaciones entre los individuos y las organizaciones políticas.
Históricamente, hubo un periodo en el que el Tribunal no se consideraba competente para resolver conflictos que involucraban a los partidos políticos, bajo la premisa de que estos no tenían el carácter de autoridad y, por lo tanto, los derechos político-electorales no podían ser exigidos judicialmente contra ellos. Esto cambió con el desarrollo de la jurisprudencia, que comenzó a reconocer la importancia de la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los actos de los partidos políticos. La eliminación de la jurisprudencia que declaraba improcedente el juicio ciudadano contra actos intrapartidarios fue un paso significativo en la consolidación de la justicia electoral en México, permitiendo que los ciudadanos pudieran exigir judicialmente sus derechos incluso en el contexto de las decisiones partidarias.
En resumen, los partidos políticos desempeñan un papel vital en la representación democrática, mientras que el TEPJF asegura que se respeten los derechos de los ciudadanos en ese proceso, mediando las disputas y asegurando un ambiente electoral justo y equitativo.