La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener a Mario Aburto en prisión hasta que la familia de Luis Donaldo Colosio se pronuncie sobre la posible reducción de su condena ha generado un debate significativo sobre el papel de las víctimas en el proceso penal. En este caso, la Primera Sala de la Corte, con tres votos a favor, avaló el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca reponer el procedimiento de amparo tramitado por Aburto para notificar y escuchar a la familia Colosio en su calidad de víctimas del delito.
La implicación de la decisión es que la familia de Colosio tiene ahora voz en el asunto, dado que el sistema legal ha evolucionado desde la época en que ocurrieron los hechos en 1994. Las normas actuales reconocen expresamente los derechos de las víctimas, lo que contrasta con el proceso original en el que no se les otorgó una participación activa.
Sin embargo, no todos los ministros están de acuerdo con este enfoque. La ministra Margarita Ríos ha expresado su preocupación sobre la reactivación del proceso, argumentando que puede generar una revictimización de la familia Colosio y prolongar innecesariamente el juicio. Ella recuerda que antes de la reforma constitucional de 2000, las víctimas no tenían el mismo reconocimiento que ahora y eran representadas por el Ministerio Público, lo que levanta dudas sobre la justificación de su participación en este caso particular.
La decisión de la Corte también refleja un balance entre los derechos de las víctimas y los principios de justicia, lo que podría dar lugar a un importante precedente en cómo se manejan casos similares en el futuro. La continuación del caso en el tribunal Colegiado del Estado de México ahora dependerá de la respuesta de la familia Colosio, que tiene la decisión de influir en el futuro de Aburto y de la narrativa del caso Colosio en la historia de México.