Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha anunciado una nueva estrategia integral destinada a abordar el creciente problema de la extorsión en la capital. Esta iniciativa incluye reformas legislativas para aumentar la pena por extorsión hasta 15 años de prisión, así como una campaña informativa y la creación de una línea telefónica para reportar este delito.
Durante una reunión de su gabinete de seguridad, Brugada indicó que su administración está preparando una propuesta para reformar el código penal de la Ciudad de México, lo que implicaría que la extorsión se clasifique como un delito más grave que actualmente tiene consecuencias limitadas. La propuesta busca proteger no solo el patrimonio de las víctimas, sino también su integridad física y psicológica, abarcando diversas modalidades de extorsión, incluyendo prácticas como el “gota a gota”.
La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, destacó que la iniciativa consideraría la extorsión como un delito de orden mixto, que podría incluir agravantes relacionados con beneficios no solo económicos, sino también sexuales o emocionales. En caso de que la reforma sea aprobada, podría imponer multas de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y penas de hasta 15 años de prisión, con 14 tipos de agravantes.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vásquez, también presentó el modelo de combate a la extorsión, que contempla la protección de las víctimas a través de asistencia psicológica y jurídica, así como medidas de seguridad personal cuando sea necesario. Además, el Gobierno de la Ciudad de México establecerá una línea telefónica específica para denunciar extorsiones, junto con un chatbot y grupos vecinales para fomentar la comunicación y el apoyo comunitario.