El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, ha sido objeto de controversia debido a un contrato otorgado a Grupo Turbofin, que aparentemente presenta irregularidades significativas. Este contrato, que asciende a más de 27 millones de pesos para el arrendamiento de 25 vehículos, fue adjudicado sin seguir el debido proceso requerido por la Ley Orgánica Municipal.
Un aspecto crítico de esta situación es que, aunque la licitación (LP-01-2025) fue anunciada como una convocatoria pública, los documentos revelan que Grupo Turbofin fue el único participante, lo que plantea dudas sobre la transparencia y competencia del proceso. Además, se señala que el contrato fue firmado el 1 de marzo, antes de que el Cabildo diera su aprobación formal en una sesión realizada cinco días después, lo que sugiere que la votación del Cabildo pudo haber sido una mera formalidad y no una auténtica decisión deliberativa.
La Ley Orgánica Municipal establece que cualquier acuerdo que afecte el patrimonio o implique una carga financiera para el ayuntamiento debe ser aprobado por el Cabildo. La actuación del presidente municipal al formalizar el contrato sin esta aprobación previa contraviene esta normativa.
Otra irregularidad es que el mismo día que se firmó el contrato, las unidades arrendadas ya habían sido entregadas para inspección, antes de contar con la autorización del Cabildo. Esto indica que el Ayuntamiento podría haber actuado de manera apresurada o incluso ilegal, lo que podría tener implicaciones para la administración local.
Este caso pone de relieve preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la gestión de recursos públicos en el municipio, y podría llevar a investigaciones más profundas sobre la forma en que se adjudican contratos y se administran los fondos públicos en Mineral de la Reforma.