Lamentablemente, el suceso de las ejecuciones de Adriana y Virginia Ortiz García, dos mujeres indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), refleja la grave problemática de violencia y falta de justicia que enfrenta este grupo. La comunicación por parte de la Fiscalía General de Oaxaca sobre el inicio de una investigación con perspectiva de género e interculturalidad es un paso importante, pero las organizaciones afectadas, como el MULT, han manifestado su desconfianza en la capacidad del gobierno estatal para impartir justicia, dado el historial de violencia contra su organización en los últimos años.
La movilización de los integrantes del MULT, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, resalta la urgencia y la necesidad de atención a sus demandas. La acusación de los autores intelectuales de este crimen también señala un contexto de enfrentamientos internos y rivalidades, que complican aún más la situación.
Es crucial que los gobiernos estatal y federal se comprometan a investigar estos crímenes de manera efectiva y a garantizar la seguridad y los derechos de los defensores de derechos humanos, especialmente en contextos donde la violencia ha sido sistemática. La familia y la comunidad de Adriana y Virginia, así como el movimiento al que pertenecían, merecen justicia y claridad sobre estos lamentables hechos.