La aprobación en la Cámara de Diputados de México del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) refleja la consolidación del poder militar en las funciones de seguridad pública del país. Esta decisión, respaldada por la mayoría de Morena y sus aliados, se realizó sin el apoyo de los partidos de oposición, que manifestaron su descontento a lo largo del debate parlamentario.
Con 362 votos a favor y 133 en contra, la iniciativa que busca reformar la naturaleza de la Guardia Nacional ha generado preocupaciones entre los opositores, quienes argumentan que con esta reforma el cuerpo perderá su carácter civil y se transformará en una fuerza militarizada en tareas de seguridad pública. La oposición, representada principalmente por los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, ha insistido en que esta medida representa un riesgo para la democracia, al dejar de ser excepcional la participación del Ejército en labores de seguridad.
Durante la discusión, los diputados del bloque opositor presentaron mociones suspensivas, que fueron desechadas, y también se registraron 433 reservas para modificar la propuesta, las cuales continuarán siendo analizadas durante el debate nocturno. La diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera, subrayó que esta reforma significa una grave alteración en la estructura de mando de la Guardia Nacional, al dejar de estar bajo el control de mandos civiles y pasar a depender directamente de la Secretaría de la Defensa, lo cual podría abrir la puerta a un uso más extensivo de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden público.
La discusión y aprobación de esta reforma forman parte de las acciones del gobierno federal para enfrentar la violencia y la inseguridad, aunque los críticos advierten sobre las implicaciones que esto tiene para los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.