Keren Ordoñez y Sandra Arana son dos mujeres que enfrentan una dura realidad en Tlaxcala, donde han sido encarceladas por delitos que, según las evidencias, no cometieron. Ambas han padecido torturas por parte de agentes de la antigua Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, un hecho que el Centro ProDH ha documentado en su defensa legal, promoviendo su inocencia y poniendo de relieve cómo el uso de tortura para incriminar a mujeres es un patrón preocupante en el estado.
Keren, en particular, fue arrestada en diciembre de 2015 durante un encuentro con su exnovio en Xalapa, Veracruz. A pesar de su situación —esperando ayuda económica para su recién nacida—, fue capturada por la policía junto con otra persona. Durante las más de 11 horas que transcurrieron antes de que la presentaran ante un juez, Keren sufrió múltiples abusos físicos y psicológicos que la llevaron a firmar una declaración falsa, incriminándose en un secuestro. Desde entonces, Keren ha estado recluida en Apizaco, donde ha sido condenada a 50 años de prisión, separada de su familia y de su pequeño.
El caso de Keren y el de Sandra, quien ha estado encarcelada por 5 años, ilustran una problemática más amplia en Tlaxcala, donde la impunidad y la violación de derechos humanos son temas recurrentes. La labor de defensa del Centro ProDH busca no solo la libertad de estas mujeres, sino también generar conciencia sobre la gravedad de las violaciones cometidas por las autoridades en el estado.