El caso de Jael Monserrat Uribe Palmeros, quien desapareció en Iztapalapa en 2020, ha puesto de manifiesto la crisis de desapariciones en la Ciudad de México y ha evidenciado la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. A pesar del operativo de búsqueda implementado por el gobierno de la ciudad en el Ajusco, la situación ha sido criticada por la improvisación y la dependencia de las familias y colectivos de buscadores.
Durante tres días, del 27 al 29 de noviembre, distintos cuerpos de gobierno, incluidos la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia, llevaron a cabo una búsqueda en un área donde la madre de Jael había encontrado previamente restos de su hija. Este despliegue, aunque significativo, ha sido objeto de críticas por la frustración y desconfianza que sienten las familias de desaparecidos hacia las instituciones encargadas de su búsqueda.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha propuesto la creación de un "gabinete especial" para enfrentar el problema de las desapariciones, pero muchos afectados consideran que esta medida es insuficiente y carece de acciones concretas. Los colectivos de buscadores, origen de la iniciativa popular ante la falta de respuesta estatal, subrayan que no deberían ser ellos quienes asuman la responsabilidad de buscar a sus seres queridos. La situación de desapariciones en México continúa siendo una crisis grave que requiere atención y soluciones efectivas por parte del gobierno.