El conflicto en el Poder Judicial de la Federación de México ha escalado tras las decisiones tomadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en respuesta a una controversia con el juez Sergio Santamaría Chamú. Este juez emitió una orden el 20 de enero que impedía a la Sala Superior pronunciarse sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, desviando estos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La diferencia de interpretación sobre las competencias y atribuciones entre los magistrados del TEPJF y los jueces del Poder Judicial ha llevado a que la Sala Superior, bajo el liderazgo de la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, decida presentar una queja al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que consideran un acto ilícito del juez que vulnera la administración de justicia. Soto argumentó que la Sala no puede obedecer órdenes de autoridades que consideran incompetentes.
El TEPJF está dividido en sus opiniones: el bloque mayoritario ve la acción del juez como un intento de interferir en un proceso electoral crucial, mientras que el bloque disidente aboga por resolver el conflicto de competencia sin recurrir a acciones penales, considerándolas desproporcionadas. Este enfrentamiento refleja las tensiones internas y la complicada dinámica de poder en el sistema judicial mexicano.