El caso de abuso físico y psicológico en contra de un judoca menor de edad ha tomado relevancia en Jalisco, donde el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa ha ordenado al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) realizar una investigación al respecto y, en caso de ser necesario, sancionar a los responsables. Esta decisión se produce tras la denuncia presentada por Gabriela Martínez Ledezma, madre del menor, quien alegó que su hijo fue víctima de violencia por parte de sus entrenadores, junto a la supuesta complicidad de otros funcionarios de la Asociación de Judo Tapatía.
El tribunal también instó a la creación de una tesis sobre el tema para guiar futuros casos, sugiriendo que el bullying y el hostigamiento podrían ser considerados como tortura. Esto podría establecer un precedente significativo para garantizar la protección de menores en el deporte y facilitar la obtención de amparos en situaciones similares.
El caso ha estado marcado por una serie de encubrimientos y omisiones, según la denuncia de la madre. A pesar de que el director del CODE, Luis Fernando Ortega Ramos, afirmó haber tomado conocimiento del caso recientemente, hay evidencias documentales que sugieren lo contrario. Esto ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y la responsabilidad dentro de la institución.
Además, se informa que la comisaria de la Federación Mexicana de Judo, Sara Cárdenas, ha sido vinculada a un proceso por responsabilidades profesionales y se están tomando medidas dentro de la federación para abordar el incidente.