Claudia Romanillos Villanueva, quien fue directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) en Quintana Roo, sigue libre y sin enfrentar múltiples acusaciones que datan desde hace ocho años. Estas imputaciones están relacionadas con la venta de propiedades públicas a precios significativamente bajos, lo que presuntamente benefició a Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, así como a otros allegados políticos del exgobernador Roberto Borge Angulo.
Las acusaciones incluyen delitos como cohecho, peculado y uso ilícito de la función pública. Las denuncias fueron presentadas durante la administración del sucesor de Borge, Carlos Joaquín González, quien actualmente es embajador de México en Canadá. A pesar de las investigaciones, la Fiscalía del estado ha tenido dificultades para aprehender a Romanillos.
Romanillos ocupó el cargo de directora del IPAE desde abril de 2011 hasta septiembre de 2016, durante la casi totalidad del mandato de Borge, quien la eligió luego de que ella fuera su secretaria particular. El IPAE fue disuelto por Joaquín González en 2017, considerándolo un símbolo clave de la corrupción bajo el gobierno de Borge. Sus funciones fueron asumidas por la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), que también se encarga de la administración de bienes de manera similar a como lo hacía el IPAE.