La situación de seguridad en México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha vuelto crítica, con un aumento significativo en la violencia y el número de víctimas durante sus primeras semanas en el cargo. Las Fuerzas Armadas han asumido un rol más protagónico en el combate a la delincuencia organizada, a diferencia de la estrategia adoptada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien había limitado su intervención en tareas de seguridad.
Durante este periodo, se reporta un alarmante conteo de cerca de 2,000 muertes asociadas a enfrentamientos entre el ejército y grupos criminales. Este cambio en la estrategia coincide con la reciente aprobación de una reforma constitucional que otorgó plenas facultades a la Guardia Nacional, ahora bajo la dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, este enfoque militar ha generado serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos. Un caso reciente en Chiapas destaca estas preocupaciones, donde un patrullaje militar resultó en la muerte de seis migrantes y lesiones a diez más, tras disparos realizados por soldados contra un vehículo que transportaba a los migrantes. Las autoridades han justificado la acción militar como parte de una persecución de vehículos sospechosos. Aún no se ha aclarado la situación jurídica de los militares involucrados, quienes se encuentran sujetos tanto a la justicia militar como civil.
El contexto de violencia y las controvertidas intervenciones de las Fuerzas Armadas plantean desafíos significativos para la administración de Sheinbaum, así como preocupaciones sobre el impacto en los derechos humanos y la seguridad pública en el país.