La situación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha provocado una creciente preocupación por la violencia y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), los miembros del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional están siendo acusados de causar la muerte de tres civiles, incluyendo a una niña de ocho años, durante operaciones de persecución de presuntos delincuentes entre el 11 y el 12 de octubre.
El primer incidente reportado involucra a Yuriccie Rivera Elizalde, una enfermera que fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras viajaba en una camioneta familiar. Según los testimonios, los militares estaban persiguiendo a un grupo armado y abrieron fuego sin tener en cuenta la presencia de familias en las cercanías. Después del tiroteo, los soldados presuntamente se retiraron del lugar para evitar enfrentar consecuencias por sus acciones.
El segundo caso involucra a Lidia Galván Reséndiz y su nieta, Lidia Iris Fuentes Galván. Durante una persecución de las fuerzas de seguridad, el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por disparos. La niña recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba protegerse. Estos eventos evidencian una situación crítica en la que la operación de las fuerzas de seguridad ha llevado a la pérdida de vidas civiles, lo que ha generado indignación y demanda de justicia por parte de la comunidad y organizaciones de derechos humanos.
Este tipo de incidentes subraya la necesidad de revisar y ajustar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, así como la importancia de la rendición de cuentas para prevenir que la violencia se cebe en la población civil. La dignidad y la vida de los ciudadanos deben ser siempre la prioridad en cualquier estrategia de seguridad.