La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Poder Judicial de la Ciudad de México está en marcha, aunque enfrenta grandes desafíos, especialmente la falta de un incremento presupuestal que fue solicitado desde el año pasado por el magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez.
En este contexto, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha aprobado la extinción de 24 juzgados civiles y 11 juzgados familiares de proceso escrito, lo que se llevará a cabo entre el 17 de junio y el 29 de noviembre del presente año. Esta medida es parte de los esfuerzos para que, a más tardar en 2027, todos los tribunales en estas materias funcionen bajo un sistema de justicia oral, conforme a lo establecido en el nuevo código.
Desde el inicio de la implementación, la Oficialía de Partes Común ha dejado de aceptar nuevos asuntos en los juzgados que serán extintos. Además, el cierre jurisdiccional de estos juzgados está programado para realizarse entre el 11 y el 25 de noviembre, tiempo en el que los casos que estaban en trámite serán devueltos a los juzgados que continuarán operando bajo el proceso escrito.
Las estadísticas proporcionadas indican que en 2023 los juzgados familiares de proceso escrito recibieron más de 61 mil nuevos casos y concluyeron aproximadamente 38 mil. En el caso de los juzgados civiles, se registraron alrededor de 85 mil nuevos asuntos y cerca de 69 mil concluidos durante el mismo año. Entre enero y abril de 2024, los juzgados familiares y civiles recibieron y concluyeron un número significativo de casos, mostrando así la carga de trabajo que enfrentan y la necesidad de adaptar el sistema judicial a los nuevos procedimientos establecidos por la reforma.
La transición a un esquema de justicia oral es un cambio significativo que busca mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial, pero también representa un reto considerable en términos de recursos y capacitación para los juzgadores y el personal administrativo.